Por una nueva cartografía de las telecomunicaciones

Las telecomunicaciones son un conjunto de técnicas que permiten la comunicación a distancia entre seres humanos. Esto último no debiéramos olvidarlo porque es lo esencial. Sin pretender caer en un simplismo, las telecomunicaciones sirven a las personas. Los dispositivos tecnológicos –llámense telégrafo, teléfono fijo o celular, televisión digital, computadora, iPad y los que estén por llegar al mercado– sirven para facilitar los requerimientos de comunicación de los individuos, ya sea en términos de negocios, de relación con las instituciones gubernamentales para realizar trámites de manera más eficiente, o para sentirnos más cerca de nuestros seres queridos o amigos.

Lo importante es la comunicación –poner en común–, es decir, el mensaje, independientemente del dispositivo o tecnología que utilicemos. Por eso es relevante que la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) conmemore este año con la necesidad de “una vida mejor en las comunidades rurales con las TIC”. En efecto, se trata de que las telecomunicaciones lleguen a todos, sobre todo a las regiones más apartadas. Para ello es necesario dejar de concebirlas en términos de acceso (que propicia la mercantilización de los servicios y los dispositivos) y entenderlas como facilitadoras de la comunicación. Un primer paso sería que la propia UIT regresara a sus orígenes, para que sean los gobiernos y no las empresas las que regulen las telecomunicaciones a nivel internacional.

Después de la crisis económica de 2001-2002 la industria global de las telecomunicaciones sufrió una reestructuración: las regiones que han mostrado mayor dinamismo en la generación de ingresos por concepto de servicios de telecomunicaciones han sido las de Asia-Pacífico, América Latina y Medio Oriente-África, por encima de Estados Unidos, Canadá y Europa. Es decir, las regiones de más baja renta y nivel de desarrollo han tenido un crecimiento constante y sostenido en telecomunicaciones. Estos servicios ya no son un lujo sino una necesidad. África es un caso paradigmático, donde se ha buscado interconectar regiones apartadas y proveerlas de servicios básicos. Por ejemplo, en países del continente negro ha tenido un desarrollo considerable la banca móvil entre usuarios sin posibilidades de crédito, facilitando pequeñas transacciones comerciales que de otra manera no hubieran sido posibles. Según la Asociación de la Industria de las Telecomunicaciones (TIA, por sus siglas en inglés), la región de Medio Oriente-África pasó de generar 1.8 por ciento de los ingresos globales de la industria de las telecomunicaciones en 2000, a 3.1 por ciento en 2006. América Latina generó ese mismo año 7.1 por ciento (pero en 2000 contribuía con sólo 5.2%) y Asia-Pacífico produjo 23.8 por ciento de las ganancias, en contraste con el 16.6 por ciento del año 2000. En cambio, Estados Unidos, Canadá y Europa vieron reducida su participación de manera considerable.

El discurso más fácil y aceptado es decir que los más afectados por la falta de servicios de telecomunicaciones, o por las elevadas tarifas de los mismos, son los usuarios. En todo caso, debemos precisar que los usuarios son tanto las personas comunes y corrientes que poseen un teléfono celular y, si acaso, una conexión a Internet, como los gobiernos y las empresas.

En todo caso, es más preciso decir que los más afectados por la escasa cobertura de infraestructura y de servicios de telecomunicaciones son los individuos de siempre: los pobres, quienes se encuentran en comunidades rurales, semiurbanas y alejadas del desarrollo y de los grandes mercados y centros económicos. Los afectados a quienes me refiero no son cualquier usuario, sino los habitantes que también han carecido de servicios básicos, de derechos sociales como la educación y la salud, y quienes han quedado excluidos de oportunidades de empleo y desarrollo sostenible.

Si apreciamos los escasos mapas de cobertura de servicios en nuestro país, constatamos que se encuentran concentrados en los principales centros urbanos. Sólo en las grandes ciudades del país existe una saturación de servicios, de ofertas y hasta de operadores, lo que evidencia una mala administración y regulación de las telecomunicaciones por parte de la autoridad, que se ha olvidado de velar por el interés público. Es muy sencillo, rentable y conveniente instalarse donde ya existen condiciones óptimas para hacerlo.

Aún más: en México las redes de telefonía celular y de fibra óptica se encuentran instaladas sobre la infraestructura carretera que, a su vez, es un trazado fiel de las rutas del ferrocarril desde que las iniciara Lerdo de Tejada y las ampliara Porfirio Díaz. Es decir, en México la cartografía de las telecomunicaciones consiste en unos cuantos tendidos de cables y enormes manchones territoriales que no tienen cobertura y carecen de servicios básicos de telecomunicaciones, que cada vez son más. Después de comparar los mapas de la red ferroviaria, carretera y de fibra óptica concluimos lo que ya todos sabemos: el mercado y no necesariamente el desarrollo social ha definido el despliegue de estas infraestructuras.

En los tres casos ha resultado insuficiente el despliegue, pero en el caso de la red ferroviaria resultó admirable porque realmente comunicó al país de cabo a rabo; la red carretera se privatizó y ahora hay que pagar para transitar una autopista en relativo buen estado, mientras que las telecomunicaciones operan en función de los planes de negocios de las empresas, olvidándose del interés público que implica buscar y alcanzar el principio de servicio universal.

Red ferroviaria de México

Red carretera de México


Red nacional de fibra óptica

Nadie duda de los beneficios económicos y sociales de las infraestructuras ferroviaria y carretera, pero las redes de telecomunicaciones potencializan aún más esas ventajas y favorecen otras como la educación, la salud y la seguridad. A diferencia de los rieles y el pavimento que obligan a tomar una sola dirección o regresar sobre el camino andado, el espectro radioeléctrico y las redes irradian sus beneficios. Las telecomunicaciones también enlazan ciudades y pueblos, pero sobre todo comunican a seres humanos donde se encuentren. Los beneficios sociales de las telecomunicaciones no se miden en función de kilómetros sino que son en sí mismos imponderables en términos de información, conocimiento, comunicación, cultura y muchos otros insumos simbólicos que todos valoramos pero que son difíciles de cuantificar.

Esas áreas excluidas del desarrollo (incluidas las telecomunicaciones) debieran ser objeto de políticas públicas focalizadas. Las principales características de los servicios de telecomunicaciones son las fuertes inversiones de capital en infraestructura, el acelerado desarrollo tecnológico, la sustitución de tecnología basada en el protocolo de Internet y la nueva integración horizontal basada en la convergencia de redes y servicios.

Estas condiciones sólo pueden ser resueltas por el Estado o por el capital privado. Ante la imposibilidad de atender las demandas sociales, el Estado concesiona a los particulares la explotación del espectro radioeléctrico y el despliegue de infraestructura. En otras palabras, lo que no puede hacer el Estado lo realizan los empresarios. El Estado debe velar por el interés público, por lo tanto, en recursos que pertenecen a la nación o en áreas estratégicas, las empresas también deben preservar el interés general, con la salvedad de que además es legítimo hacer negocios al prestar los servicios. La inversión y el despliegue de infraestructura debiera ser una obligación sin la cual no se autorizaría el respectivo título de concesión para usar y explotar una red pública de telecomunicaciones. Por lo tanto, no existe libre mercado sin la participación del Estado como regulador y rector de las actividades económicas. No como interventor, sino como garante del servicio público. Las telecomunicaciones y la radiodifusión no pueden quedar al libre arbitrio de quienes las usufructúan, sólo por el hecho de invertir su capital en ellas. Nadie les exige ni les pide a los empresarios participar en el sector de las telecomunicaciones, pero si lo hacen, deberá ser en función del interés público, de lograr que cada vez más personas se beneficien de los servicios.

Recientemente, la Federal Communications Commision (FCC) de Estados Unidos aprobó la concentración de NBC Universal de General Electric y Comcast, el principal operador de televisión de cable de la Unión Americana. La autoridad estableció una serie de condiciones de interés público para autorizar la mega fusión, previa “revisión completa y exhaustiva del historial, gran cantidad de datos, compromisos voluntarios de los solicitantes y aportaciones del público recibidas en un foro también público”. Entre otras obligaciones, los operadores se comprometieron a incrementar la cobertura de noticias locales a los espectadores; expandir la programación para niños; mejorar la diversidad de programación disponible para los espectadores de habla hispana; ofrecer servicios de banda ancha para estadounidenses de bajos ingresos con precios mensuales reducidos, y proveer banda ancha de alta velocidad a escuelas, bibliotecas y comunidades marginadas, entre otros beneficios públicos. La FCC se preocupó por garantizar y proteger los principios de diversidad, localismo, difusión, no discriminación de precios y contenidos, además de garantizar programación para niños y materiales públicos, educacionales y gubernamentales.

Todas estas condiciones no se impusieron a operadores de un país con enormes rezagos en cobertura y penetración de servicios de telecomunicaciones, sino en la nación más desarrollada del orbe, que en 2006 acaparó 30.6 por ciento de los ingresos globales generados por la industria de las telecomunicaciones. ¿Por qué en México no podemos hacer algo similar? Cuando quien esto escribe solicitó a la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), vía la Ley de Transparencia, las obligaciones no económicas de los operadores que ganaron las licitaciones 20 y 21 del espectro radioeléctrico, la Cofetel le pidió permiso a las empresas para entregar la información, a lo cual, desde luego, se negaron bajo el pretexto del secreto industrial.

Es decir, en México los ciudadanos no tenemos derecho a saber cuáles son las condiciones sociales, de inversión y de despliegue de infraestructura que debiera obligar la autoridad y aceptar los operadores en función del interés público. En nuestro país no tenemos derecho a saber en qué nos va a beneficiar la explotación comercial del espectro radioeléctrico. En México se nos está vedado conocer qué usos y beneficios sociales traerá consigo licitar un recurso escaso de la nación. En este país la Cofetel tiene que pedirle permiso a las empresas si puede informarle a un ciudadano cuáles son las obligaciones no económicas que le permitieron ganar una licitación de frecuencias propiedad de la nación. En México la autoridad desconoce que las telecomunicaciones sirven, antes que para engrosar los bolsillos de los empresarios, para poner en contacto a las personas, por eso es necesario saber de qué manera, en cuánto tiempo, con cuánta inversión y en qué regiones del país será posible hacerlo.

Es cierto que países pequeños y con geografías menos caprichosas (Chile, Uruguay, Singapur, Corea del Sur, los principales países europeos) tienen una sociedad de la información más desarrollada, pero por eso mismo se requieren políticas de Estado incluyentes que propicien el desarrollo de las telecomunicaciones en función del beneficio de los usuarios.

De ahí que resulten perniciosas y oportunistas las iniciativas ocurrentes de nuestros gobernantes y legisladores, en lugar de tomar acciones decisivas e integrales para el desarrollo del sector. Como el gobierno necesita recursos y en los últimos años han crecido los usuarios y el consumo de servicios de telecomunicaciones, fue muy conveniente para la actual administración proponer y aprobar el IEPS a las telecomunicaciones a partir de 2010. Es una ocurrencia exentar a Internet del IVA, como propone el senador Carlos Navarrete (PRD), porque sólo beneficia a las clases media y altas y a las empresas que requieren de ese servicio, en lugar de ampliar la cobertura para que los beneficiarios sean más personas, más empresas, en más regiones y con menos precio. Es una ocurrencia del senador Ricardo Monreal pretender incrementar las sanciones para los operadores de telecomunicaciones sin plantear una reforma integral al organismo regulador, que le permita gozar de autonomía y atribuciones frente a las empresas y el gobierno en turno. Es una ocurrencia del senador Ricardo Torres Origel erradicar el redondeo en las llamadas por teléfono celular y olvidarse que el sector requiere de una reforma profunda, no de parches ni de oportunismos ante un ambiente y sector de suyo crispado, que coloque a los proponentes ante los reflectores mediáticos.

Por lo tanto, miremos el mapa pero sobre todo rediseñémoslo y decidamos qué queremos como país. ¿Queremos construir un segundo, tercer y cuarto piso de infraestructura para que se beneficien los individuos que ya tienen servicios de telecomunicaciones y queden excluidos quienes carecen de ellos, o queremos comenzar a fincar y extendernos para descubrir nuevos territorios, mercados y usuarios?

Publicado originalmente en Mediatelecom.

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Acerca de Jorge Bravo
Estudio los medios de comunicación, las telecomunicaciones, la sociedad digital y la comunicación política. Editor en Jefe del Portal Mediatelecom, especializado en telecomunicaciones. Profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.

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