Telecomunicaciones y medios: falacias y reparto de culpas

 Ramiro Tovar, Fernando Butler, Salomón Padilla, Jorge Fernando Negrete y Jorge Bravo[1]

 

Antecedentes: mensaje presidencial

El Quinto Informe de Gobierno es el más importante porque deja ver el legado de un Presidente. Lo que diga un año después puede ser importante pero no tanto como las políticas y el mensaje del nuevo mandatario electo.

Durante su discurso del viernes 2 de septiembre en el Museo de Antropología, el presidente Felipe Calderón expresó los siguientes puntos, referidos a las acciones de gobierno en materia de telecomunicaciones:

• “Seguimos con el proceso de apertura del sector de telecomunicaciones, fortaleciendo a las autoridades y licitando nuevas frecuencias que propician la entrada de nuevos competidores.
• “En telefonía móvil, en Internet, en televisión de paga los consumidores han visto este año importantes reducciones en sus pagos, gracias a que hay mayor competencia.
• “Hace un año exactamente publiqué un Decreto para acelerar la transición hacia la televisión digital y, con ello, elevar la calidad y ampliar la competencia en este sector. Desafortunadamente, controversias constitucionales del Congreso, avaladas en la Corte, han suspendido este importante proceso que es vital para la apertura del sector y para la modernización económica, social y política del país. Yo exhorto, respetuosamente, a la Comisión Federal de Telecomunicaciones, al Congreso, a la Suprema Corte, a no frenar y, por el contrario, acelerar esta transformación y decidir ya, en definitiva, la procedencia o no de ese proceso de transición digital.
• “Estamos transformando a México en una economía moderna y competitiva. Lo estamos haciendo a través de reformas estructurales, de la apertura comercial, de la desregulación, a través de una apuesta clara por la inversión, la empresa y la competitividad; a través de la apertura de sectores, hasta ahora cerrados a nuevas inversiones. A través del acotamiento de prácticas monopólicas públicas y privadas; a través de la reducción de privilegios.
• “Debe seguir México por la ruta de la competitividad, de la libertad económica; o bien, debe volver a formas en las que se protege a determinadas industrias, se cierran determinados mercados y se exacerba la intervención del Estado y el gobierno en la economía.”

Adicionalmente, en la versión íntegra del Quinto Informe de Gobierno se incluye el apartado “Infraestructura para el desarrollo”, el cual contempla datos y explicaciones en torno al sector de las telecomunicaciones. El presente análisis del equipo de colaboradores de Mediatelecom Consulting gira en torno al texto del Quinto Informe y el mensaje presidencial.

Incertidumbre

En materia de telecomunicaciones y medios de comunicación transitamos al quinto año de gobierno con incertidumbre en las instituciones, con aparatos operativos desmembrados y desarticulados y, sobre todo, con una política gubernamental ausente. Ante esta situación los medios, las empresas y en un muy lejano tercer lugar los ciudadanos han venido a suplir el vacío de poder existente, no siempre con los mejores resultados para el bien común, la libre competencia y los derechos humanos.

Los datos duros que reporta el Informe son contundentes: la inversión va a la baja. Además, existe un cuestionamiento a la capacidad e imparcialidad de los organismos «autónomos», un ataque y marginalización a los periodistas e investigadores críticos, falta de transparencia e instituciones inoperantes. Todo esto ante la ausencia de una política gubernamental de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC’s) incluyente y universal, en la cual las empresas se involucren pero, sobre todo, el gobierno arriesgue parte de su capital político para lograr objetivos de bien común.

En suma, para amplios grupos de la población lo mejor de este Quinto Informe es la seguridad de que el sexenio termina, con la esperanza que en el siguiente podremos comenzar de nuevo, que quienes vengan tomarán nota de los errores y extinguirán el sistema de dogmas, autoritarismo y amiguismo, transitando a un sistema donde las políticas públicas y la fortaleza de las instituciones serán el eje de la función gubernamental.

(In)acciones concretas de gobierno

La actual administración no ha realizado un real proceso de apertura del sector de las telecomunicaciones porque ni el Ejecutivo Federal ni el Congreso de la Unión han presentado una iniciativa de ley que permita la inversión extranjera directa en telecomunicaciones y radiodifusión. Desde el proceso de liberalización y privatización del sector en los años noventa, la autoridad no se ha preocupado por generar más empresas y empresarios fuertes que compitan en el mercado. Además de los conocidos magnates Slim, Azcárraga y Salinas Pliego, el país no cuenta con un mayor número de inversionistas robustos en el sector. Se ha continuado con la misma política salinista-zedillista de favorecer a determinados oligarcas y no de fomentar una auténtica iniciativa privada sin distingos. Por si fuera poco, no se les ha exigido lo suficiente a los operadores de telecomunicaciones para desarrollar un auténtico mercado interno, sino que desde el gobierno se ha demonizado a algunos y beneficiado a otros con inocultables fines políticos.

Tampoco se ha fortalecido a las autoridades. La incertidumbre jurídica que priva en el sector es consecuencia de la aplicación discrecional de la ley y de la ausencia de reformas legislativas. Decir lo contrario es demagogia. Un buen ejemplo fue la reforma a la Ley Federal de Competencia Económica, pero eso mismo no lo hemos propiciado en las telecomunicaciones y la radiodifusión. El PAN en ambas Cámaras del Congreso presentó conjuntamente una iniciativa de Ley Federal de Telecomunicaciones y Contenidos Audiovisuales que ha sido olvidada con la mano en la cintura. El Reglamento Interior de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), además de que sigue sin ser promulgado y busca subsanar el desorden propiciado, sólo consiste en reorganizar las atribuciones internas de la Cofetel, pero de ninguna manera las fortalece ante la industria y el gobierno en turno.

Tampoco se ha fortalecido a las instituciones porque, ante la carencia de una política pública congruente, se ha propiciado la discontinuidad de funcionarios en el sector. Han transitado tres secretarios del ramo; el primero (Luis Téllez) afirmó que el órgano regulador estaba capturado por sus regulados, pero abandonó el cargo fruto de un escándalo; el segundo (Juan Francisco Molinar) optó por la confrontación y la imposición de sus concepciones; finalmente, el tercero (Dionisio Pérez Jácome) se ha dedicado a administrar el statu quo e incluso se ha negado a representar al Estado mexicano ante organismos internacionales.

Aún más: no sólo no se ha fortalecido sino más bien debilitado de origen a la autoridad con funcionarios de la Cofetel que asumen el cargo sin cumplir con las credenciales que exige la ley en la materia. Durante los cinco años de gobierno se han nombrado a tres subsecretarios de Comunicaciones que han tenido las manos atadas porque todo depende de la voluntad del Secretario en turno; para designar al actual Subsecretario (Héctor Olavarría) se dejó pasar un año y es un funcionario con amplios conocimientos pero que le tiene pánico a la prensa. Hasta el momento, es como si no existiera.

Esta situación de desorden, ocurrencias y voluntarismo evidencia lo que el sociólogo estadounidense Richard Sennett califica como “el declive del hombre público”: “se ha producido una confusión entre la vida privada y la pública; la gente está resolviendo en términos de sentimientos personales aquellas cuestiones públicas que sólo pueden ser correctamente tratadas a través de códigos de significado personal”.

Recientemente la revista Proceso publicó un reportaje de Álvaro Delgado que hace referencia a un diagnóstico autocrítico elaborado por la Comisión de Reflexión y Análisis del PAN. El documento no ha sido desmentido y concluye sin ambages: “En el comportamiento de los panistas no se aplica la fuerza de las ideas, sino la fuerza del interés, la nómina y el poder”, “no hay agenda para y con la sociedad”, “se han privilegiado el arribismo y el oportunismo”, “se permite la democracia simulada”, “no tenemos oferta política ni programas de gobierno que respondan a distintos grupos: clase media, mujeres, jóvenes, empresarios…”, sino que “algunas acciones de gobierno y legislativas han afectado a la clase media y otros grupos de apoyo”, además existe “falta de sensibilidad y voluntad para acercarnos a los segmentos populares o de menores ingresos”, etcétera.

Esta misma situación descrita en el diagnóstico panista tiene su reflejo en el sector de las telecomunicaciones.

No hay nuevos operadores

La licitación de nuevas frecuencias no ha propiciado la entrada de nuevos competidores. El efecto real que tuvieron las licitaciones 20 y 21 fue la expansión de la capacidad espectral de operadores existentes en el mercado. Los datos de la Cofetel, basados en el índice Herfindahl-Hirschman, así lo corroboran: las licitaciones 20 y 21 propiciaron una mayor concentración de mercado con base en la tenencia de espectro. Decir lo contrario es pretender engañar. Por eso es increíble que en el texto del Quinto Informe, en la parte de Infraestructura para el desarrollo, se conserve a Televisa como ganadora de la licitación 21, porque aunque el gobierno hizo todo lo posible para adjudicarle las frecuencias, la televisora prefirió abandonar el proceso y comprometer los objetivos mismos de la licitación.

Pero eso no es lo peor. El Ejecutivo ha expresado como un dogma de fe que para fomentar la competencia sólo se requiere licitar más bandas del espectro, cuando lo relevante es liberar el uso del espectro y la oferta tecnológica de las redes actuales; insistir en lo mismo es parcial y falaz. Acríticamente, el gobierno ha comprado y hecho suya esa demanda de los operadores de telecomunicaciones. En cambio, no ha verificado el uso eficiente del espectro radioeléctrico. Los operadores quieren más frecuencias pero no han hecho las inversiones suficientes para modernizar sus redes con base en las tecnologías más avanzadas, ante la incertidumbre del actuar regulatorio. Un gobierno no puede seguir licitando frecuencias si antes no condiciona a que los operadores inviertan, expandan su red y modernicen su infraestructura.

Las recientes fallas en la calidad del servicio de todos los operadores es consecuencia de esa falta de inversión. La Cofetel ha pretendido proteger a los consumidores con acciones de buena fe, pero su salvaguarda se encuentra ausente de la Ley Federal de Telecomunicaciones y de las propias atribuciones legales de la Cofetel, por lo que se trata más de una estrategia catártica y una cortina de humo que de una efectiva política de protección de los usuarios.

Reducción en tarifas

La disminución en los precios en telefonía móvil, Internet y televisión restringida satelital ha sido producto de la rivalidad entre los competidores existentes en telefonía celular, la introducción de nuevos servicios y las estrategias de empaquetamiento; el efecto de la entrada de un nuevo competidor en televisión satelital fue determinante para una escalada a la baja en precios en este segmento, mientras que en la TV por cable los precios se han incrementado en términos reales por lo menos 16 por ciento.

A ninguna acción regulatoria se le puede atribuir en forma directa la disminución en precios. De hecho, el abatimiento pudo haber sido mayor de haber permitido la convergencia de servicios en todas las redes que operan en el país. La mayor cobertura de algunos servicios tampoco es resultado de política pública o regulatoria alguna (aunque cada trimestre la Cofetel busque atribuirse logros que no le corresponden), sino del esfuerzo de los propios operadores y de la necesidad de los consumidores de contar con servicios de telecomunicaciones.

Paradójicamente, en el Informe se olvida mencionar que, según datos oficiales del Banco de México y la Cofetel, la principal reducción de tarifas ha ocurrido en el servicio de telefonía local. Esa reducción corrobora que sí existe competencia en ese mercado. El gobierno no lo menciona intencionalmente porque le tiene una fobia irracional al principal operador del servicio (Telmex), porque cree que es un monopolio creado por y desde el poder priísta (como si no fuera el mismo caso de Televisa y TV Azteca).

En cambio, datos de la OCDE y de la propia Cofetel revelan claramente que las tarifas de televisión por cable no se han reducido en el mismo sentido. Pero es más mediático y populista decir que las tarifas de Telmex y Telcel se encuentran entre las más caras de la OCDE por el hecho de que esas empresas concentran más mercado bajo una definición a modo y confundiendo obligaciones de cobertura con tamaño en el mercado. Como país requerimos (incluidos los operadores que cuestionan al principal operador pero necesitan de su red) de las redes incumbentes para el desarrollo del país. No podemos prescindir de esa infraestructura que ya está instalada y que es necesario que opere con mayor eficiencia.

Regular, ¿para qué?

El gobierno actual no sabe para qué regular a los operadores incumbentes. La actual política regulatoria está abocada a restarle mercado a esos operadores. Es un error. Según el gobierno, ¿cuál es el porcentaje de mercado deseable o ideal para los incumbentes y qué está haciendo para lograrlo? ¿Se están aplicando las políticas correctas? La pregunta fundamental para el desarrollo del país es la siguiente: ¿el regulador quiere quitarle clientes a Telmex y transferirlos a los demás operadores; o bien, pretende que los demás operadores crezcan y sumen nuevos usuarios para que más mexicanos tengan acceso a los servicios de telecomunicaciones? Desde el gobierno sólo se ha promovido lo primero y desde 2008 no se ha recuperado el nivel de líneas fijas, que siguen a la baja y sin contemplar esa infraestructura como una posibilidad de acceso e incremento en la penetración de banda ancha.

El Ejecutivo y los competidores han hecho el trabajo fácil: quitarle suscriptores al incumbente subsidiando al resto y negándole la convergencia de servicios, en lugar de adicionar nuevos usuarios. Los excluidos siguen siendo los mismos habitantes del país, en lugar de sumarlos al desarrollo. Si esa es la lógica, entonces el gobierno tendría que recuperar frecuencias analógicas del duopolio televisivo y licitarlas a nuevos jugadores.

Inversión a la baja; regulación a la alza

Estar a favor de la apertura a la inversión, la reducción de privilegios, el rechazo a las formas de protección de industrias determinadas y de la intervención del Estado en la economía tendría que demostrarse en los hechos y no sólo formar parte de un discurso.

La realidad demuestra que en el sector de las telecomunicaciones se obstruye la reforma a la apertura total del sector a la inversión extranjera por el prejuicio contra cualquier disposición referente a reciprocidad; se protege a determinados operadores por medio de regulaciones que les son favorables en términos de interconexión, de transporte de tráfico y con un efecto directo y cierto en sus beneficios financieros; se favorece a un determinado grupo de redes de cable al tener la exclusividad en la oferta local de servicios de convergencia o triple play; y se condiciona a otros a ceder al resto de los operadores sus derechos sobre sus redes, cual sistema de planificación central, lo que implica la mayor intervención en la economía cuando se dicta quiénes, cuándo y cómo deben de ofrecer sus servicios en el mercado.

La apertura de nuevos sectores cerrados a nuevas inversiones han dado como resultado menor inversión: Telmex reducirá sus inversiones, particularmente en el sector social; Nextel invertirá en infraestructura una cantidad importante a lo largo de la explotación de su concesión y de manera selectiva (como ya lo ha anunciado); de autorizarse la alianza con Televisa, Iusacell recibirá una enorme inversión pero ya está etiquetada para los accionistas y no para la ampliación de su red, mucho menos en zonas rurales.

La inversión en el sector de las telecomunicaciones está reduciéndose porque la autoridad ha alterado y forzado las condiciones de servicio al ciudadano y ha privilegiado a empresas que carecen de sentido social y responsabilidad en su inversión pero, sobre todo, porque no ha definido su política en el sector de manera clara, defendiendo el derecho a la información, el interés público y el desarrollo de los ciudadanos. En cambio, ha privilegiado el derecho de las empresas, marginando, separando y privando de sus derechos a los mexicanos más pobres de México.

Toda referencia a la brecha digital, la penetración en banda ancha y telefonía entre áreas urbanas y no urbanas, así como la existencia de programas de cobertura y servicio universal, han destacado por su absoluta ausencia en los mensajes del Ejecutivo Federal. La obsesión del gobierno por un discurso confrontativo entre monopolios ha dado como resultado que sólo proteja a unos monopolios y se ataque a otros, afectando directamente a los usuarios.

Las políticas de telecomunicaciones en el mundo están siendo dirigidas a garantizar el interés público y el servicio de telecomunicaciones que se presta al ciudadano. Las empresas del sector, incluidas las incumbentes, deben garantizar su servicio con calidad, generalidad, universalidad, eficiencia, precios bajos, sin discriminar y de manera constante, pero también propiciando la inversión en redes. El Ejecutivo se ha equivocado al crear un enemigo a modo, porque el enemigo no son los operadores sino la falta de una política clara en el sector, lo que ha repercutido en no exigir a los operadores en su conjunto mayor calidad, cobertura, inversión y precios accesibles.

El Ejecutivo informa que durante 2010 se realizó una inversión del sector privado por 58 mil 719 millones de pesos (mdp); sin embargo, es de dudarse que ese monto sea el total que el sector privado invirtió en formación bruta de capital fijo en el sector, porque tal cifra incluye 9 mil 109 mdp por concepto de pago derivado de las licitaciones 20 y 21 y de la licitación de fibra oscura de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Por lo tanto, la inversión del sector privado sin considerar pagos derivado de licitaciones sería de 54 mil 118 mdp.

El Quinto Informe menciona que «durante el primer semestre de 2011 se autorizaron cinco concesiones para operar los servicios de voz, datos y video (triple play), con lo cual se tiene un total de 65 redes públicas de telecomunicaciones que prestan el servicio de triple play en la presente administración». No obstante, tal afirmación significa en realidad que se han otorgado 65 concesiones para monopolios locales en la oferta de triple play, dado que esta misma administración ha impedido la existencia de competencia entre redes al negarle la modificación de su título de concesión a Telmex.

El actual gobierno se contradice cuando menciona que la CFE participa desde 2007 en el mercado de enlaces dedicados, de acceso a Internet y transporte interurbano por medio de Hoteles Telecom, y al mismo tiempo declara dominancia omnipresente en tales mercados y trata de imponer regulaciones específicas a redes que son competidoras de la operación de la CFE en tales mercados.

El Informe abunda en dar cifras de cobertura, penetración y densidad de telefonía fija con base en cifras agregadas, sin distinguir entre zonas urbanas y no urbanas, donde la brecha en telefonía fija y banda ancha es abismal, tal y como lo reporta el INEGI en los resultados de su último censo de población y vivienda. Esta brecha podría ser peor si realmente contáramos con una estadística oficial confiable sobre usuarios de Internet en México.

El desempeño del Programa de Cobertura Social de Telecomunicaciones es ridículamente minúsculo. Afirma que entre enero de 2007 a junio de 2011 se han instalado 133 mil 493 líneas, lo cual representa 0.7% del total de líneas de telefonía básica. Además, se comete la osadía de confundir a los ciudadanos cuando se reporta en telefonía rural a los «habitantes beneficiados» por los programas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), como una forma de multiplicar el efecto de mínimo desempeño de tales programas en el ámbito rural. Por lo tanto, cabría preguntarse: ¿cuantos usuarios por línea consideró la SCT para tal cifra de «beneficiados»?

Obedecer a los organismos internacionales

Aunque parezca un tema de conspiración, México ha cedido soberanía regulatoria ante organismos internacionales como la OCDE y, sobre todo, la USTR. La reciente disminución de tarifas de interconexión en áreas rurales sólo beneficia a las empresas estadounidenses que, a través de la USTR (United States Trade Representative), solicitaron la disminución de las mismas. La Asociación de la Industria de las Telecomunicaciones en Estados Unidos (Comtel, por sus siglas en inglés) entregó a la USTR un informe donde detalla las quejas de operadores como Marcatel y Axtel en lo que se refiere a interconexión en zonas rurales.

Marcatel, en lugar de invertir en México, ha preferido adquirir empresas en Estados Unidos que cruzan tráfico de larga distancia con nuestro país. Comtel ha cuestionado ante la USTR a la SCT y a la Cofetel, pero no oculta su verdadero interés: “aunque la SCT no tiene ningún interés financiero en Telmex, está vinculado políticamente a la empresa. Por lo que, Telmex demuestra con su comportamiento que la SCT no es un regulador independiente (sic) con la capacidad de controlar la conducta del principal proveedor, en detrimento de los consumidores y las empresas de los Estados Unidos”.

En un comunicado de prensa de Marcatel sobre el tema de febrero de 2011, se demuestra el sometimiento de las autoridades mexicanas ante instancias internacionales que defienden los intereses comerciales de Estados Unidos: “El análisis de Comptel ha sido enviado en previas ocasiones a la USTR, ya que la falta de acción del gobierno mexicano afecta al sector a nivel mundial, y solicita al gobierno de los Estados Unidos actuar agresivamente y tomar acciones apropiadas que aseguren condiciones de mercado competitivas y no discriminatorias de acuerdo con sus respectivos tratados de comercio”.

El gobierno mexicano no puede negar el acatamiento de intereses extranjeros en materia de telecomunicaciones. El beneficio en la reducción de tarifas de interconexión rural no se queda en México. Como no es un tema de preocupación en la Unión Americana, tampoco se refleja en tarifas más bajas para los consumidores estadounidenses, quienes no están informados de estas negociaciones ni de las políticas que se en su beneficio se están tomando desde México. Las ganancias de esa reducción se quedan en los estados financieros de las empresas estadounidenses o de Marcatel, a costa de las inversiones realizadas por el Estado mexicano y el incumbente actual en telefonía fija. Si esta información se transparentara y el gobierno mexicano dejara de simular, constituiría uno de los casos más vergonzosos y escandalosos en la historia de las telecomunicaciones.

TDT: humildad para avanzar en la transición

En materia de política de transición a la televisión digital terrestre, el Ejecutivo insiste en culpar al Congreso de la Unión por presentar una controversia constitucional del decreto presidencial que se anunció hace exactamente un año con motivo del Cuarto Informe de Gobierno, así como a la Suprema Corte de Justicia de la Nación por avalar y otorgar la suspensión. Sin embargo, aunque al gobierno le asiste la razón en el objetivo de acelerar la transición digital, califica como desafortunada la existencia de controversias constitucionales, pero omite señalar las causas que justifican la existencia de las mismas, los desaciertos y la mala fundamentación en el diseño que propuso el gobierno para acelerar la transición digital, sin respeto a los mecanismos e instituciones independientes que deben de operar tal proceso, porque es claro que la Cofetel y no la SCT debió emitir el decreto por tener atribuciones exclusivas en materia de radio y televisión.

En la mayoría de los temas, poco puede hacer ya la autoridad. A diez meses de que tengamos Presidente electo, resulta necesario centrar la atención en lo posible, más que en lo deseable. ¿Qué sí puede hacer esta administración? Si realmente la autoridad está estudiando la forma de avanzar en la materia, podría avanzar en la transición a la TV digital planteando ante la Corte un convenio con el Congreso de la Unión, conforme lo señala el artículo 20 fracción IV de la Ley Reglamentaria en la materia, a efecto de sobreseer la disputa. De nada serviría abrogar el Decreto presidencial de hace un año, pues con ello no se agota el estudio de fondo que en este momento realiza la Suprema Corte.

En este sentido, el gobierno ha expresado un profundo desprecio y culpa de sus propias inacciones u omisiones a esa figura jurídica legítima que es el amparo. Los funcionarios se quejan de que existen más de 2 mil amparos en contra de acciones de la autoridad, pero el gobierno no ha asumido la responsabilidad ante semejante inconformidad de la industria, porque no es verdad que sólo unos cuantos operadores “que no quieren competir” interponen recursos. En cambio, en un tema como la megamulta a Telcel, ahí sí resultan positivos los amparos de Megacable y Axtel para que el presidente de la Comisión Federal de Competencia (Cofeco), Eduardo Pérez Motta, pueda participar en la votación de ese polémico caso. Ese doble rasero gubernamental es el causante de la incertidumbre jurídica.

Conclusiones

• En el Quinto Informe de Gobierno la retórica es dominante, los hechos verdaderos están ausentes y los resultados netos son negativos respecto a cómo evoluciona el sector en el resto del mundo y cómo pudiera evolucionar si realmente fuera fiel a la libertad económica que argumenta.
• La reducción de tarifas y la cobertura de servicios no es mérito del regulador sino de los operadores y de sus esfuerzos por conquistar nuevos usuarios y mercados. Demonizar a algunos y victimizar a otros es la peor estrategia para alcanzar un verdadero acceso universal a servicios de telecomunicaciones, sobre todo en zonas rurales y urbano-marginales.
• México volvió a desarrollar carteles protegidos de la competencia de mercado, que son escuela para la colusión tarifaria entre los empresarios y cuya calidad de servicio deja qué desear en comparación con cualquier estándar internacional.
• México volvió a retrasarse en el proceso de digitalización de su economía y su sociedad frente a los países líderes. La causa de ese retraso son políticas públicas mal concebidas y diseñadas, sin mencionar la obstinación gubernamental por preservarlas a pesar de estar en litigio.
• México desincentivó la inversión en el despliegue de redes de nueva generación en el sector más crucial de su economía, y los avances registrados se deben no a la acción gubernamental sino a la difusión de los cambios tecnológicos, a pesar de las trabas y distorsiones gubernamentales.
• México acata de organismos internacionales recomendaciones que van en contra de los intereses de usuarios y operadores en nuestro país.
• Finalmente, se requieren datos desagregados para conocer y comprender el verdadero desempeño del sector de las telecomunicaciones en México. No existe diagnóstico certero sin datos reales. Si se siguen maquillando las estadísticas el gobierno no estará en condiciones de plantear políticas públicas y regulatorias que atiendan las verdaderas necesidades del mercado, pero sobre todo de la población carente de estos servicios.

Publicado el 5 de septiembre en Mediatelecom.

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[1] Este documento se nutrió de las aportaciones de los colaboradores de Mediatelecom Consulting, a quienes se les solicitó un comentario referente al Quinto Informe de Gobierno del presidente Felipe Calderón en materia de telecomunicaciones.